La familia acude a los tribunales y alega que la alumna es obligada a asistir a clase y recibe burlas. Interpone un contencioso ante el TSJA y pide medidas cautelares
IGNACIO A. CASTILLO.
MÁLAGA
La familia de una de las niñas objetoras de Educación para la Ciudadanía del IES Guadalpín, de Marbella, ha decidido, finalmente, formalizar su denuncia al centro porque entiende que obligan a su hija de dar esta materia sin tener en cuenta la voluntad de la madre de que no entre a clase, aunque se trata de una asignatura obligatoria.
El abogado de la familia, Francisco Pérez, señaló que el instituto no ha reconocido el derecho de objeción de la familia de la alumna, "y no sólo la obligan a entrar a la clase, sino que además se burlan de ellas haciéndole preguntas capciosas delante del resto de compañeros", dijo el letrado.
Del mismo modo, Pérez explicó que se ha producido un silencio administrativo, ya que la familia aún no ha recibido respuesta, ni por parte del centro, ni por parte de la Delegación, al escrito presentado el 3 de julio pasado por la madre de la menor, en la que exponía su parecer y manifestaba su objeción a EpC. "Después de analizar la situación, entendemos que esta falta de notificación implica una aceptación de la solicitud", añadió.
Por este motivo, la familia ha presentado esta denuncia contra el centro en el Juzgado de Instrucción de Marbella, a la vez que ha interpuesto un contencioso en la vía administrativa ante la sala especializada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Asimismo, señaló que ha solicitado al instructor que la niña no entre a esta clase, como medida cautelar, mientras se resuelve el contencioso.
El abogado espera que esta medida se dicte de forma inmediata, que a efectos judiciales puede ser dentro de un mes por lo que ha pedido paciencia a la familia. "La alumna deberá seguir yendo a la clase, por muy sorprendente que resulte lo que está haciendo el director del centro", dijo.
Pérez está convencido de que se dictarán estas medidas cautelares, ya que, a su juicio, el instituto está vulnerando un derecho fundamental de la familia y de la escolar y confía, igualmente, en que el Alto Tribunal andaluz dicte una sentencia favorable a los intereses de la madre...
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El abogado de la familia, Francisco Pérez, señaló que el instituto no ha reconocido el derecho de objeción de la familia de la alumna, "y no sólo la obligan a entrar a la clase, sino que además se burlan de ellas haciéndole preguntas capciosas delante del resto de compañeros", dijo el letrado.
Del mismo modo, Pérez explicó que se ha producido un silencio administrativo, ya que la familia aún no ha recibido respuesta, ni por parte del centro, ni por parte de la Delegación, al escrito presentado el 3 de julio pasado por la madre de la menor, en la que exponía su parecer y manifestaba su objeción a EpC. "Después de analizar la situación, entendemos que esta falta de notificación implica una aceptación de la solicitud", añadió.
Por este motivo, la familia ha presentado esta denuncia contra el centro en el Juzgado de Instrucción de Marbella, a la vez que ha interpuesto un contencioso en la vía administrativa ante la sala especializada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Asimismo, señaló que ha solicitado al instructor que la niña no entre a esta clase, como medida cautelar, mientras se resuelve el contencioso.
El abogado espera que esta medida se dicte de forma inmediata, que a efectos judiciales puede ser dentro de un mes por lo que ha pedido paciencia a la familia. "La alumna deberá seguir yendo a la clase, por muy sorprendente que resulte lo que está haciendo el director del centro", dijo.
Pérez está convencido de que se dictarán estas medidas cautelares, ya que, a su juicio, el instituto está vulnerando un derecho fundamental de la familia y de la escolar y confía, igualmente, en que el Alto Tribunal andaluz dicte una sentencia favorable a los intereses de la madre...
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