"Desde el respeto al Ministerio Fiscal cuesta entender que se imponga taxativamente un criterio único, uniforme y restrictivo en una cuestión en la que, a la vista de los 122 fallos favorables a los objetores dictados en las Comunidades de Andalucía, Aragón, La Rioja, Extremadura y la propia Castilla-La Mancha, hay motivos sobrados para sostener que los padres objetores estamos ejerciendo derechos constitucionales", defendieron desde esta plataforma, en nota de prensa.
De esta manera valoraron las manifestaciones después de conocer que el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó en septiembre una Instrucción por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma "oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal".
Hasta ahora, indicaron desde la plataforma, al menos los fiscales de los Juzgados de lo contencioso administrativo de Albacete y Toledo se habían mostrado conformes o al menos no se habían opuesto a la concesión de medidas cautelares a favor de los alumnos objetores.
Esta decisión del Ministerio Fiscal ha sorprendido al movimiento objetor castellano-manchego, que suma ya más de 9.000 objeciones de conciencia y 220 recursos judiciales por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, estando en preparación varios centenares más...
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